Nosotros

Somos un organismo del Sistema de la Seguridad Social Integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica de los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio.

Decidir en primera instancia los recursos de apelación interpuestos contra los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, sobre el origen, estado de pérdida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez.
Actuar como peritos cuando sea solicitado por: Inspección de trabajo del Ministerio del Trabajo, autoridades judiciales o administrativas, por solicitud de entidades bancarias o compañías de seguros de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

En los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, se crean las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez. Su naturaleza y administración se consolida con la expedición del Decreto 1346 de 1994, que reglamentó su funcionamiento, norma modificada por el Decreto 2463 del 2001, el cual tuvo una vigencia de más de 12 años. Con la reforma al Sistema de Riesgos Laborales a través de la Ley 1562 del 2012, artículo 16, se modificó el artículo 42 de la Ley 100 y, posteriormente, se reglamentó con el Decreto 1352 del 2013, el cual es cobijado por el Decreto 1072 del 2015. El artículo 16 de la Ley 1562 contempla que las juntas son organismos del Sistema de Seguridad Social Integral de creación legal, de derecho privado, sin ánimo de lucro y adscritas al Ministerio de Trabajo.

La integración de las juntas regionales se clasificarán en tipo A y B, y su conformación será de tres integrantes: dos médicos, con especialización en medicina laboral, y un sicólogo o terapeuta físico u ocupacional, todos con una experiencia profesional mínima de cinco años y un director Administrativo y Financiero.
La actuación de los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez estará regida por los principios establecidos en la Constitución Política, entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad.